CORTE ANULó SENTENCIA CONTRA AGENTES DEL ESTADO: FAMILIARES RECURRIRáN A LA CIDH
La Corte de Apelaciones de San Miguel anuló la sentencia dictada en contra de agentes del Estado y ordenó retrotraer todo el proceso a etapa de sumario en el caso de Vicente Blanco Ubilla, dirigente vecinal de San Bernardo que fue detenido y posteriormente asesinado en 1973, durante la dictadura.
Por lo anterior, los familiares de la víctima anunciaron que recurrirán de queja ante la Corte Suprema y ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según consignó La Tercera.
La resolución estableció: "La juez del fondo incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos, además, como un crimen de lesa humanidad con una valoración jurídica más perjudicial para los sentenciados, sin que sus defensas hayan podido hacerse cargo de aquello en sus escritos de contestación a la acusación, desde que la imputación penal se limitó a la de un delito de secuestro calificado, con todas las implicancias que de ello se derivan para la aplicación de la pena".
Y se agrega que se resolvió anular la sentencia apelada y se ordenó "retrotraer la tramitación de la presente causa al estado de sumarlo para pronunciarse acerca de las diligencias y sobreseimiento solicitados por las defensas de los procesados Hugo Medina Leiva y Alfonso Faúndez y de dictarse la acusación en forma".
"ES UNA RESOLUCIÓN PREOCUPANTE"
El abogado querellante Francisco Bustos afirmó que se está ante un hecho inédito, ya que en más de 15 años no se habían acogido argumentos que, para ellos, contravienen directamente la obligación que tiene el Estado de no obstaculizar la persecución de violaciones a los DD.HH. "Es una resolución sumamente preocupante", expresó.
"La familia está sumamente indignada, ellos no podían creer esto, porque ellos sabían que se podían modificar las condenas, pero que acá se obligue a hacer todo de nuevo, es algo muy violento", añadió.
Sobre las acciones que se tomarán ante el máximo tribunal y la CIDH, sostuvo que "se está desconociendo lo que se ordenó en el caso Almonacid. Aquello es que el Estado chileno no puede bajo ningún pretexto poner obstáculos para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad".
"El Estado chileno ha suscrito todos los instrumentos internacionales e incluso ahora un tratado firmado por el ministro (de Justicia, Luis) Cordero recientemente en La Haya. Entonces, aquí se están vulnerando diversas obligaciones internacionales y vamos a buscar revertir esta sentencia", indicó.
Asimismo, explicó que si bien el fiscal judicial había hecho otros pronunciamientos en este sentido, "la Corte en general había acogido nuestras observaciones y las de otros colegas -en causas en que no somos parte-, diciendo que en definitiva los inculpados no vieron afectado su derecho a la defensa porque ellos presentaron excepciones y, al presentarlas, se les dijo que eran delitos de lesa humanidad por tal y tal fuente. Y nosotros sí plasmamos eso en nuestra acusación particular".
Y complementó con que existe una resolución del Tribunal Constitucional (TC), a propósito del episodio "boinas negras", que establece que el Estatuto de Roma "se debe leer como un instrumento que cristaliza la norma imperativa de derecho internacional en orden al deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad. En realidad, entonces, cuando la ministra refiere esta norma está haciendo presente todo un corpus de derecho internacional".
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