PERú: GOBIERNO DE DINA BOLUARTE DEFENDIó ANTE LA CORTE IDH LA LIBERACIóN DEL EXDICTADOR ALBERTO FUJIMORI
El gobierno del Perú, que encabeza la presidenta interina Dina Boluarte, defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que el exdictador Alberto Fujimori fuera puesto en libertad. La justicia del país sudamericano permitió la salida de la cárcel al titular del régimen de facto que se encontraba cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad. El organismo autónomo vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) había solicitado al estado peruano que el condenado por violaciones de los derechos humanos no saliera de prisión.
El ministro de justicia peruano, Eduardo Arana, presentó el informe entregado a la Corte IDH donde el gobierno de Boluarte asegura que “nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo”. El ejecutivo de Lima agregó que en la liberación del exdictador siguieron “los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”. El secretario de estado peruano manifestó que esperan que el tribunal interamericano respete las decisiones y la soberanía del país sudamericano.
Eduardo Arana expresó que desde el gobierno “promovemos el respeto recíproco entre la soberanía y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El titular de cartera del Perú luego puntualizó que instan “a la consideración respetuosa de las decisiones judiciales internas y soberanas del Estado peruano”. El ministro manifestó que la liberación del exdictador Alberto Fujimori no fue “una decisión ideológica ni política ni partidaria”.
El extitular del régimen de facto vive actualmente junto a su familia en un barrio acomodado de Lima, sin haber cumplido los 25 años de prisión por las matanzas de civiles en los casos Barrios Altos y la Cantuta. Tras ser liberado dijo en febrero a un programa de televisión que existe un acuerdo para mantener a Dina Boluarte en el gobierno hasta 2026. La República informa que el tribunal constitucional sacó al exdictador de la cárcel pese a su condena por las torturas, asesinatos y desaparición de 23 personas en 1992, incluyendo a un menor de solamente ocho años.